SOLO LOS VOTOS LEGITIMAN.
Rafael García Planchart
En un país dominado desde antes del 28 de julio por un régimen ilegítimo, jefaturado por un usurpador, producto de unas
falseadas elecciones, las cuales tristemente no fueron defendidas a pesar de haber sido ganadas por el liderazgo opositor
SOLO LOS VOTOS LEGITIMAN.
Rafael García Planchart
En un país dominado desde antes del 28 de julio por un régimen ilegítimo, jefaturado por un usurpador, producto de unas falseadas elecciones, las cuales tristemente no fueron defendidas a pesar de haber sido ganadas por el liderazgo opositor, ya todas las instituciones del Estado perdieron legitimidad.
Ya todas son de origen ilegítimo y la gente pareciera no entenderlo ni recordarlo.
En efecto, ante la legítima asamblea electa del 2015, de cuya mayoría parlamentaria le fue despojada por triquiñuelas leguleyísticas del régimen desde un inicio, el régimen, para contrarrestarla, inventó una farsa de asamblea constituyente, en minúscula, que nunca revisó ni se leyó siquiera la constitución, como debía hacer su oficio si no se dedicó a crear magistrados ilegítimos en el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y a designar un irrito Fiscal General de la República.
Es decir, no hay votos que hayan legitimado la última Asamblea Constituyente, sino la abstención provocada por la mala conducción política opositora, lo cual no hace ilegítimo solamente a los magistrados del poder judicial, del poder electoral, y del poder moral, si no además a las siguientes elecciones fraudulentas que se produjeron, las cuales tampoco fueron discutidas por el endeble y algunas veces hasta colaboracionista liderazgo opositor de la época, y que llevaron al poder algunos alcaldes y algunos gobernadores que representaban acuerdos oposición-régimen, cómo se evidencia del silencio y en muchos casos la aberrante complicidad con la dictadura de muchos de ellos.
A esta fecha de principios de agosto del 2024, la única autoridad legítima es el presidente electo Edmundo González Urrutia y la líder María Corina Machado, pues son los únicos que derivan del poder originario, del poder popular, del poder de la gente, expresado en el voto libre y universal.
Todas las demás autoridades son ilegítimas.
Todos quienes detentan posiciones de poder son ilegítimos.
Están siendo usurpadores de las posiciones de quienes deben ser nombrados o bien por elecciones justas y limpias, democráticas y verdaderas, o bien designados por las autoridades legítimas que provienen del voto.
Esta incontrovertible verdad tiene que ser difundida básicamente y públicamente por los abogados, quienes dicen ser los especialistas en la justicia, pues el derecho tiende a ellos.
Es su momento y su obligación.
Cuando la dictadura quiere esconderse debajo de la falda de la legalidad, con la anuencia de las togas compradas que usurpan el poder judicial, es momento que todos los abogados que realmente creen en el derecho y la justicia se pronuncien públicamente, para que entienda la sociedad entera la magnitud de la violación de la Constitución y el derecho que está ocurriendo y terminen de desnudar ante los más humildes a los personeros del régimen, verdaderos responsables de la tragedia personal, que cada venezolano vive hoy.
Las universidades, la Facultad de institutos de derecho y política, las escuelas de Estudios Sociales, los Colegios de Abogados y su Federación, los ex magistrados, exjueces y abogados litigantes en las cortes, los Escritorios Jurídicos, en fin, todo aquello que representa el derecho ético y moral debe en este mismo momento manifestarse, repudiar la suerte leguajeística del tesorero aficionado que intenta Maduro, con recursos que no existen, para obviar la falta de las actas que no tienen, y que los declaren ganadores de un pleito que no está procesalmente ni iniciado.
LA DICTADURA SE ESCONDE DETRÁS DE LAS TOGAS, NO DE LAS CACHUCHAS.
Y CON O SIN LOS ABOGADOS VAMOS HASTA EL FINAL.
Es el momento de su reivindicación, pues han guardado silencio por mucho tiempo, y algunos son responsables y colaboracionistas, excepto unos pocos .
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Rafael García Planchart
En un país dominado desde antes del 28 de julio por un régimen ilegítimo, jefaturado por un usurpador, producto de unas falseadas elecciones, las cuales tristemente no fueron defendidas a pesar de haber sido ganadas por el liderazgo opositor, ya todas las instituciones del Estado perdieron legitimidad.
Ya todas son de origen ilegítimo y la gente pareciera no entenderlo ni recordarlo.
En efecto, ante la legítima asamblea electa del 2015, de cuya mayoría parlamentaria le fue despojada por triquiñuelas leguleyísticas del régimen desde un inicio, el régimen, para contrarrestarla, inventó una farsa de asamblea constituyente, en minúscula, que nunca revisó ni se leyó siquiera la constitución, como debía hacer su oficio si no se dedicó a crear magistrados ilegítimos en el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y a designar un irrito Fiscal General de la República.
Es decir, no hay votos que hayan legitimado la última Asamblea Constituyente, sino la abstención provocada por la mala conducción política opositora, lo cual no hace ilegítimo solamente a los magistrados del poder judicial, del poder electoral, y del poder moral, si no además a las siguientes elecciones fraudulentas que se produjeron, las cuales tampoco fueron discutidas por el endeble y algunas veces hasta colaboracionista liderazgo opositor de la época, y que llevaron al poder algunos alcaldes y algunos gobernadores que representaban acuerdos oposición-régimen, cómo se evidencia del silencio y en muchos casos la aberrante complicidad con la dictadura de muchos de ellos.
A esta fecha de principios de agosto del 2024, la única autoridad legítima es el presidente electo Edmundo González Urrutia y la líder María Corina Machado, pues son los únicos que derivan del poder originario, del poder popular, del poder de la gente, expresado en el voto libre y universal.
Todas las demás autoridades son ilegítimas.
Todos quienes detentan posiciones de poder son ilegítimos.
Están siendo usurpadores de las posiciones de quienes deben ser nombrados o bien por elecciones justas y limpias, democráticas y verdaderas, o bien designados por las autoridades legítimas que provienen del voto.
Esta incontrovertible verdad tiene que ser difundida básicamente y públicamente por los abogados, quienes dicen ser los especialistas en la justicia, pues el derecho tiende a ellos.
Es su momento y su obligación.
Cuando la dictadura quiere esconderse debajo de la falda de la legalidad, con la anuencia de las togas compradas que usurpan el poder judicial, es momento que todos los abogados que realmente creen en el derecho y la justicia se pronuncien públicamente, para que entienda la sociedad entera la magnitud de la violación de la Constitución y el derecho que está ocurriendo y terminen de desnudar ante los más humildes a los personeros del régimen, verdaderos responsables de la tragedia personal, que cada venezolano vive hoy.
Las universidades, la Facultad de institutos de derecho y política, las escuelas de Estudios Sociales, los Colegios de Abogados y su Federación, los ex magistrados, exjueces y abogados litigantes en las cortes, los Escritorios Jurídicos, en fin, todo aquello que representa el derecho ético y moral debe en este mismo momento manifestarse, repudiar la suerte leguajeística del tesorero aficionado que intenta Maduro, con recursos que no existen, para obviar la falta de las actas que no tienen, y que los declaren ganadores de un pleito que no está procesalmente ni iniciado.
LA DICTADURA SE ESCONDE DETRÁS DE LAS TOGAS, NO DE LAS CACHUCHAS.
Y CON O SIN LOS ABOGADOS VAMOS HASTA EL FINAL.
Es el momento de su reivindicación, pues han guardado silencio por mucho tiempo, y algunos son responsables y colaboracionistas, excepto unos pocos .
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